Mª Jesús del Campo Blanco. Técnica de apoyo en temas de discapacidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
Con el objetivo principal de dar a conocer los problemas más importantes con los que se encuentran las personas con discapacidad (PCD) en su relación con el entorno sanitario, y los modelos de buenas prácticas instaurados en Castilla y León para mejorar y fortalecer la relación del profesional sanitario y el paciente con discapacidad, se organizó la jornada formativa «Buenas prácticas en atención sanitaria a personas con discapacidad» el 12 de junio de 2013.
En el siguiente artículo se expone la intervención de Mª Jesús del Campo Blanco, técnica de apoyo en temas de discapacidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, que moderó la mesa redonda «La accesibilidad a la atención sanitaria de las personas con discapacidad».
Sobre el concepto de la discapacidad y las políticas sociales
El concepto de la discapacidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y las políticas de discapacidad han respondido en gran medida a los modelos conceptuales en cada momento.
Así hemos pasado del modelo médico que considera la discapacidad como un problema individual de la persona, producido por una enfermedad o por un accidente, que requiere tratamiento y cuidados para remediarlo, al modelo social, que entiende que la discapacidad es el resultado de la interacción entre el individuo y un entorno social no adecuado para él, y que pone el énfasis en la rehabilitación de la sociedad que debe gestionar las diferencias e integrar la diversidad y, por último, al modelo de la diversidad, que pone en valor lo que pueden aportar a la sociedad personas que se mueven y piensan de forma diferente, porque sus cuerpos y sus mentes funcionan de forma diferente, y persigue el cambio social necesario para que estas personas puedan realizar sus proyectos de vida contando con los apoyos técnicos y humanos necesarios. De este modo pasan a denominarse personas con diversidad funcional en vez de PCD.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Es un tratado internacional que recoge los derechos de las PCD y las obligaciones de los estados partes de promover, proteger y garantizar tales derechos. Fue aprobada por la ONU en diciembre de 2006 y ratificada por España en abril de 2008.
A partir de su ratificación, de acuerdo con el marco constitucional y autonómico, este tratado pasa a formar parte de nuestro ordenamiento interno, por lo que resulta necesario adaptar y modificar diferentes normas para hacer efectivo los derechos que la Convención recoge.
Según la Convención, las PCD son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales o mentales, a largo plazo, y que, al interactuar en su entorno, pueden encontrarse con diversas barreras que impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás.
La Convención supone un cambio de paradigma porque se pasa a considerar a las PCD plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social.
Necesidades y obstáculos de las personas con discapacidad en relación con la asistencia sanitaria
- Las PCD poseen una dimensión de salud mucho más acusada y precisan de respuestas más intensas.
- Los recursos y medios están concebidos y preparados para la generalidad de la población, no contemplando las necesarias especificidades.
- En general, no existe un abordaje global de la discapacidad ni la necesaria coordinación interdisciplinar e interadministrativa.
- Las aptitudes y conocimientos del personal sanitario son inadecuados; desconocen muchas particularidades de las PCD grave o mixta, patologías más frecuentes, abordaje, forma de comunicación (riesgo de enfatizar o minimizar los problemas).
- Los trámites administrativos resultan muchas veces complejos y poco ágiles.
Objetivos deseables
- Evaluar las políticas vigentes y los servicios actuales, y planificar el mejoramiento del acceso y la inclusión, en lo que desempeña un papel fundamental las actitudes sociales.
- Promover el acceso de las PCD a programas de salud pública y los servicios existentes en pie de igualdad, para que no se sientan estigmatizadas.
- Reconocer a los grupos que necesitan modelos alternativos de prestación de servicios.
- Favorecer la formación continua sobre discapacidad, de todos los profesionales de la salud.
- Lograr un mayor nivel de participación de las PCD y de sus familias en el diseño, la organización y la evaluación de los servicios de salud.
- Fomentar la investigación para la prevención y rehabilitación de discapacidades y la formación de recursos humanos especializados.
- Prestar la suficiente información y orientación en materia de discapacidad y de los recursos y prestaciones existentes, así como mejorar la accesibilidad, y los mecanismos para velar por su cumplimiento.
Conclusiones de la mesa (marco para la acción)
- La salud y el derecho a una asistencia sanitaria eficaz y satisfactoria es un presupuesto esencial para el desarrollo de los demás derechos que tienen reconocidos los ciudadanos para alcanzar una vida personal y social plena y participativa.
- Las PCD, en su generalidad, no son ni se sienten enfermos. Son unos ciudadanos más que, en el ámbito de la salud, necesitan tener acceso a todos los servicios de asistencia sanitaria sin discriminación. Pueden presentar singularidades y especificidades que el sistema de salud tiene que atender y a las que ha de ser capaz de dar respuesta.
- La planificación en términos de accesibilidad global ha de ser entendida como una inversión que humaniza y hace más grato el ámbito sanitario, al tiempo que permite no solo atender a las personas que presentan alguna diferencia, sino mejorar la atención global de todos los usuarios.
- La atención en términos de satisfacción a las PCD por parte del sistema de salud ha de constituir un indicador de calidad del propio sistema. A mayor atención a la diversidad, mayor calidad tendrá el sistema.
- Es ineludible la necesidad de promover una coordinación interdisciplinar e interadministrativa de las áreas sanitaria, educativa y social, para facilitar al usuario el acceso a los servicios que necesite.