La atención al inmigrante, un derecho de todos

José Martínez López. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Vistalegre-La Flota (Murcia)

Germán Manuel Teruel Lozano. Doctor en Derecho y miembro de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia

Para contactar:

José Martínez López: jmartinezlopez0@gmail.com

 «Las fronteras reales de hoy no separan las naciones,

sino al poderoso del desvalido,

al libre del esclavizado,

al privilegiado del humillado». (Kofi Anann)

Aunque la Ley General de Sanidad de 1986, desarrollando el artículo 43 de la Constitución española, reconociera el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional (artículo 1.2), no reguló el derecho como un derecho de todos, sino que vinculó el acceso a las prestaciones sanitarias con el régimen de la Seguridad Social.

Esto imposibilitó durante años cumplir con el ideal de universalidad que postulaba, y produjo la desprotección de ciertos colectivos que, si bien pagaban con sus impuestos la sanidad pública, no tenían reconocido su derecho a recibir las prestaciones. Así, en 2005 se alcanzaron coberturas de financiación pública del 99,8%, aunque el Sistema Nacional de Salud solo atendía al 95% de la población (frente al 82% de 1978)¹. Desde entonces, y ante una profunda y manifiesta falta de voluntad política para legislar el derecho a la protección integral de la salud, en España se ha ido logrando, poco a poco, una atención sanitaria universal parcheada² que se intentó solucionar con la Ley General de Salud Pública de 2011, a través de la cual se incorporaron a la sanidad pública más de 200.000 personas, entre quienes estaban los parados que ya habían agotado la prestación o el subsidio de desempleo.

De aquellos polvos vienen estos lodos; los años perdidos en asentar jurídicamente la protección sanitaria pública integral a todos han permitido que quienes no creen en lo público y quienes se deben ideológica y crematísticamente a la defensa de los intereses del sector privado aprovechen los resquicios que les ofrece nuestra legislación para subvertir los valores y los fines de la sanidad pública, cambiando la equidad y la eficiencia por el lucro, y deteriorando a sabiendas el sistema sanitario para que deje de ser satisfactorio para los ciudadanos.

Tras poco más de los 2 años transcurridos desde el Real Decreto-ley (RD) 16/2012, de las muchas regresiones que ha sufrido la asistencia sanitaria en nuestro país, probablemente ha sido la pérdida de la universalización la que más ha alterado la naturaleza de nuestro sistema sanitario. Anteponer la condición de asegurado a la de ciudadano o residente ha producido la exclusión, entre otras, de las personas mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social y de los inmigrantes no regularizados (a pesar de la Ley Orgánica de Extranjería).

La mayoría de las exclusiones han sido parcialmente corregidas con otro parcheado legislativo que no demuestra otra cosa que la insuficiencia moral, jurídica e intelectual que soporta esta medida. Pero la desprotección a los inmigrantes es, probablemente, la consecuencia más grave de todas (figura 1) porque afecta a las personas más desfavorecidas, con menos respaldo legal y sin apoyo social alguno. Y, además, se basa en una mentira institucional: el contexto de crisis económica que sufrimos no justifica esta exclusión, no ya por prevalecer el principio ético de ayuda al más débil, sino, además, porque su atención es más barata que la del resto de españoles³.

En España se estima que, en el último trimestre de 2012, el número de inmigrantes no regularizados ascendía a 400.000 personas⁴ y, junto al hecho objetivo de una legislación que los rechaza públicamente, han de sufrir la diferente aplicación del Real Decreto en cada comunidad autónoma⁵, de cada área de gestión, de cada centro sanitario y de cada trabajador o profesional que presta la atención. Las autoridades públicas no han publicitado los derechos que tienen, pero sí han aumentado las medidas disuasorias, facturándoles cuando son atendidos en las urgencias hospitalarias⁶, exigiendo la presentación de la tarjeta sanitaria que no se les proporciona cuando acuden a un centro de salud⁷ u ofreciéndoles un convenio especial con precios prohibitivos que no pueden pagar⁸ (figura 2).

Las consecuencias de este tipo de políticas sobre la población inmigrante pueden sistematizarse en dos grandes apartados. Por una parte, está el derecho a la asistencia sanitaria de toda persona, con independencia de su estatus legal o nacionalidad, como derecho internacional reconocido por muchos organismos entre los que cabe destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25)⁹, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹⁰, la propia Organización Mundial de la Salud¹¹ o el Comité Europeo de Derechos Sociales (Consejo de Europa), que ya advirtió al Gobierno de que el Real Decreto 16/2012 no es compatible con convenios internacionales suscritos por España en materia de atención al inmigrante¹².

Por otra parte, no pueden desconocerse los efectos para la salud pública que se producen al marginar a una población susceptible de sufrir enfermedades infecciosas transmisibles¹³, casi erradicadas en nuestro entorno, bien porque sea portadora de las mismas, o bien porque las condiciones sociosanitarias favorezcan su desarrollo. Eliminar su derecho a la asistencia sanitaria supone dificultar el acceso a los medicamentos y a los servicios preventivos y de Atención Primaria, provoca una mayor utilización de servicios de urgencias e incrementa los ingresos hospitalarios (agravamiento o cronificación de enfermedades ocultadas o atendidas con retraso)¹⁴.

La respuesta social al mencionado real decreto viene marcada por el gran número de ciudadanos y de colectivos que se han movilizado en su contra, aunque, eso sí, dentro de un contexto más extenso, como ha sido la defensa de la sanidad pública. Se ha conseguido un frente amplio con asociaciones ciudadanas como Yo Sí Sanidad Universal, Dempeus per la Salut o la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia; asociaciones de inmigrantes, como la Red Acoge, y de profesionales, como la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, así como con la participación de sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que tiene su propio grupo de trabajo, o de movimientos socioprofesionales como la objeción de conciencia expresada con manifiestos como Sanidad para todos.

Nuestro país ha vivido una de las mayores convulsiones sociales de su historia, con miles de ciudadanos en general y profesionales sanitarios movilizándose por la defensa de la sanidad pública, y en todas estas manifestaciones han estado presentes inmigrantes no regularizados defendiendo una sanidad que les protege (figura 3). Todos hemos aprendido que, cuando se defienden los valores de lo público, «Sí se puede». Podemos y debemos preservar los principios de solidaridad, universalidad, equidad y justicia social; y los podemos y debemos ejercer en la consulta, en la comunidad, en la calle y, por qué no, en los tribunales.

Bibliografía

1. Simó Miñana J. Universalización de nuestra sanidad pública y origen del déficit de financiación de nuestra atención primaria. fml. 2011;15(2):9.
2. Sevilla F. La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social. [Online]. Madrid: Fundación Alternativas; 2006 [consultado 8 de septiembre de 2014]. Disponible en: http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/51587.pdf
3. Hernando Arizaleta L, Palomar Rodríguez J, Márquez Cidb M, Monteagudo Piqueras O. Impacto de la inmigración sobre la asistencia hospitalaria: frecuentación, casuística y repercusión económica. Gac Sanit. 2009;23(3):208-15.
4. Carrasco Carpio C, García Serrano C. Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2011. [Online]; 2012 [consultado 8 de septiembre de 2014]. Disponible en: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/observatoriopermanenteinmigracion/publicaciones/archivos/OPI_28_Inmigracion_y_Mercado_de_trabajo-Informe2011.pdf
5. Médicos del Mundo. Derecho a curar.org. [Online]. [consultado 11 de septiembre de 2014]. Disponible en: http://www.derechoacurar.implicate.org/las-comunidades-autonomas-ante-la-exclusion-de-las-personas-migrantes-sin-permiso-de-residencia-de-la-atencion-sanitaria/
6. González L. Hufftington Post. [Online]; 2013 [consultado 8 de septiembre de 2014]. Disponible en: http://www.huffingtonpost.es/2013/07/04/sanidad-inmigrantes-facturas_n_3546844.
7. Pasu_Cat. Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya. [Online]; 2013 [consultado 11 de septiembre de 2014]. Disponible en: http://lapasucat.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html
8. De Benito E. El seguro público para inmigrantes «sin papeles» costará 60 o 157 euros al mes. EL PAÍS. [Online]. 29 Jul 2013. Disponible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/29/actualidad/1375093418_242224.html
9. ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. [Online]; 1948 [consultado 11 de septiembre de 2014]. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/
10. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. [Online]; Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012. [consultado 11 de septiembre de 2014]. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm.
11. Organización Mundial de la Salud. [Online]; Migración Internacional, Salud y Derechos Humanos. 2003 [consultado 11 de septiembre de 2014]. Disponible en: http://www.who.int/hhr/activities/2005%20PRT%2016325%20ADD%201%20Migr_HHR-Spanish%20edition.pdf
12.  El Mundo. Europa advierte a España de que incumple la ley al excluir a los inmigrantes de la Sanidad. El Mundo. [Online]. 29 Jan 2014. Disponible en: http://www.elmundo.es/salud/2014/01/29/52e90265ca4741bf208b4577.html
13. López-Vélez R, Navarro Beltrá M, Jiménez Navarro C. Estudio de inmigración y salud pública: enfermedades infecciosas importadas. INFormes, estudios e investigación 2007. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2007.
14. Royo-Bordonada M, Díez-Cornel M, Llorente J. Health-care access for migrants in Europe: the case of Spain. The Lancet. 2013 Aug 03;382:393-4.